“Me quedé solo ahí, pensaron que había muerto, y de ahí en un rato me desperté”, dice Gualberto Tacas, sobreviviente del ataque terrorista en uno de los pueblos del departamento Ayacucho. Han pasado más de treinta años, en los cuales Lucanamarca vive en una situación de extrema pobreza, y al mismo tiempo sigue viviendo con los recuerdos de aquel primer domingo de abril de 1983, que la convirtió en el centro de una de las mayores masacres de todo el país.
Ese mismo día, setenta miembros de Sendero Luminoso comenzaron el atentado a diferentes lugares cercanos del pueblo, a eso de las ocho de la mañana, debido a que la comunidad se había encargado de rebelarse en contra de las imposiciones de dicho grupo al ser participante del asesinato de uno de los jefes de este último, conocido como Olegario Curitomay.
Los resultados terminaron en un total de sesenta y nueve muertos, entre menores de edad y mujeres embarazadas, las cuales fueron amarradas de pies a manos con heridas provocadas por el uso de agua ardiente. Sendero tuvo que huir debido a que el pequeño Epifanio Quispe, comenzó a advertir a la policía local a través de gritos. Los sobrevivientes, víctimas de hachazos y disparos, se vieron obligados a recoger los cadáveres de sus parientes en las fosas más adecuadas, asimismo se convocó al ingreso del ejército para evitar algún nuevo atentado terrorista.
No fue hasta los inicios del año 2000, a partir de la captura de la cúpula de Sendero, que la Comisión de la verdad y reconciliación (CVR), ordenó una orden de juicio con respecto a los hechos ocurridos, promulgó mediante el Ministerio Público la exhumación de cuerpos para la investigación forense. Lo que concluyó en la responsabilidad de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, su esposa, Osmán Morote y Martha Huatayquienes, los cuales fueron condenados los primeros a cadena perpetua, y los últimos a 23 años de prisión. Esto permitió que las víctimas pudieran descansar en paz ante tantos años de abandono legal y jurídico.
Actualmente, pese a la indignación que trajo para aquel entonces dicha tragedia y que se lograra la justicia requerida, los pobladores aún siguen esperando la indemnización civil por parte del Estado; a fin de desarrollar el crecimiento y desarrollo económico para las nuevas generaciones, del mismo modo que esperan que lo que le ocurrió al pueblo ayacuchano, no sea olvidado a fin de no volver a cometer la misma tragedia.
