Con treinta días de mandato, Francisco Sagasti, el presidente que recita versos, ha tenido que lidiar con la reforma policial, un paro agrario, la amenazante nueva ola de coronavirus y los acuerdos tardíos para la adquisición de vacunas. Un gobierno que inició sin “temblarle la mano”, pero que cada día se ha hecho más inestable y débil.
Tras la renuncia de Manuel Merino, en consecuencia, de las masivas protestas de noviembre en su contra. El Ejecutivo se sumió en un escenario incierto que debía ser solucionado por los mismos autores que lo ocasionaron. Los congresistas, quienes luego de armar y desarmar listas postulantes, eligieron una junta directiva multipartidaria. Con 97 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención asumieron Francisco Sagasti (Partido Morado) como presidente de transición y Mirtha Vásquez (Frente Amplio) como presidenta del Congreso.
El 17 de noviembre, Francisco Sagasti Hochhausler, asumió la presidencia del Perú en medio de una crisis generalizada y profunda desconfianza del pueblo por sus gobernantes. Un país donde el 34% de ciudadanos considera que el principal problema del Perú son los políticos y la inestabilidad política, según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En su primer discurso a la nación mostró una actitud firme para enfrentar cada vicisitud por defender la democracia y recuperar esa confianza perdida.
Gobierno sobre arenas movedizas
Los abusos cometidos por la Policía Nacional del Perú en las protestas contra el régimen de Merino demandaron una reforma policial con urgencia. Los peruanos exigían justicia e impunidad para los responsables del abuso que saldaron las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado. Siete días después de su designación como mandatario, Francisco Sagasti declaró que los delitos se debían a “malos elementos de la institución” por lo cual se debía esperar a que culminen las investigaciones para proceder.
La tibieza del nuevo presidente cambió de dirección un día después, ante los reclamos persistentes de la población. “El presidente tuvo que reaccionar y tomar acciones rápidas para dar una señal de que había recogido el reclamo de la población. Ordenar la institución y establecer un plan de reforma para delegarlo al próximo gobierno”, opina Eduardo Targent, analista político, a Hildebrandt en sus Trece.
El 24 de noviembre, en mensaje a la nación, anunció las nuevas medidas de reforma policial: creación de una comisión de bases que recomienden acciones para “fortalecer y modernizar la institución”; asignación de gerentes públicos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) para “gestionar y administrar los recursos policiales” y destitución de 3 tenientes generales y 15 tenientes, colocando como nuevo comandante general a César Cervantes.
La comisión de bases, liderada por el ministro del Interior, resultaría eficaz para plantear soluciones concretas. La inclusión de agentes públicos, aunque provocó muchas inconformidades en la PNP, era necesario para transparentar la gestión debido a las denuncias por mal manejo de fondos a inicios de la pandemia. Sin embargo, la destitución de los altos mandos fue un gesto simbólico pero insuficiente. Presuntos responsables de la represión como Jorge Cayas, Carlos Villafuerte y Freddy Velásquez recibieron sanciones leves, pero siguen formando parte de la institución. La actitud voluble de Sagasti fue el blanco perfecto para que el Congreso junto a los generales removidos iniciaran una campaña de contrarreforma. El coste fue la dimisión de Rubén Vargas, el pasado 2 de noviembre. Su sucesor duraría cinco días en la cartera.
Un día después de las disidencias por la reforma, la PNP cobraría un fallecido más, Jorge Yener Muñoz Jiménez, de 19 años. A inicios de diciembre se iniciaron protestas al norte del país. Trabajadores exigían la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Yener falleció por un balazo en la cabeza en las manifestaciones de La Libertad a manos de las fuerzas policiales. “Es urgente que la Policía Nacional del Perú sea reformada, de lo contrario, se convertirá en una versión precaria de los Carabineros de Chile”, manifiesta en su columna Pedro Casusol.
A treinta días del mandato Sagasti, que ya cobra con una víctima mortal se torna necesario la aplicación de una reforma policial que trascienda destituciones. “El gobierno provisorio no puede abstenerse y defraudar a los ciudadanos que buscan que se haga justicia. El ministro del Interior y el Ministerio Público tienen la palabra”.
Por su parte, la Human Rights Watch, en un informe sobre la represión del 14 de noviembre dirigido al presidente, al cual tuvo acceso El Comercio, también sugieren cambios en la institución para “garantizar que los agentes respeten el derecho a la reunión pacífica”.
