El 2020 ha sido un año complicado para la humanidad, la aparición de un nuevo virus desencadenó una pandemia que ha alcanzado a más de cien países, y que además de poner en riesgo la salud de las personas, ha afectado la economía de las familias y ha modificado las relaciones sociales.
El 6 de marzo del 2020, el expresidente, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso de COVID- 19 en Perú, desde esa fecha los casos aumentaron exponencialmente, registrando 998 475 contagios y 37 173 decesos a la fecha del 21 de diciembre, según la sala situacional del Ministerio de Salud. El Perú no se encontraba preparado, la precariedad del sistema de Salud fue uno de los mayores obstáculos: los hospitales no contaban con la cantidad de camas necesarias para las hospitalizaciones y las personas formaban largas filas en busca de oxígeno medicinal para sus familiares enfermos.
La crisis sanitaria desencadenó otras crisis, entre ellas la económica, pues según cifras brindadas por El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la estricta cuarentena dejó 6.7 millones de desempleados entre los meses de abril y junio. La informalidad fue un factor importante, pues siete de cada diez personas se ganaban la vida en actividades informales, muchas de ellas vendiendo en las calles, lo cual impedía que puedan realizar su trabajo de manera remota. En medio de toda esta situación crítica, surgió otra crisis: una crisis política, provocada por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra.
El día 9 de noviembre del 2020, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso peruano decidió vacar por permanente incapacidad moral al exmandatario Martín Vizcarra, y Manuel Merino, expresidente del Congreso, asumió el cargo de presidente de la República. De inmediato, las reacciones de los ciudadanos se hicieron notar en las redes sociales, la mayoría de ellos en contra de la medida tomada por los congresistas, incluso consideraban que se trataba de un golpe de estado. Los hashtags #MerinoNoEsMiPresidente y #EsteCongresoNoMeRepresenta se convirtieron en tendencia en las redes sociales, y a la vez se convocaron marchas.
La primera marcha nacional fue convocada para el día 14 de noviembre. Aquel día, en plena emergencia sanitaria; colectivos, universitarios y ciudadanos en general, se concentraron no solamente en las plazas del Centro de Lima, sino de diversos lugares del Perú, para alzar su voz y mostrar su rechazo a las acciones del Congreso peruano.
En el Centro Histórico de Lima, miles de personas, unidos por la indignación, y ejerciendo su derecho a la protesta, recorrieron las principales calles con carteles; y sin quitarse la mascarilla, arengaban en contra del nuevo gobierno y del Congreso. Llegada la noche, la represión policial comenzó, los policías lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, e incluso perdigones, que terminaron hiriendo a más de un manifestante, entre ellos un adulto mayor de 62 años. En las redes sociales, los asistentes a las marchas difundieron videos y fotos de lo que sucedía, uno de los videos mostró como un policía del grupo terna realizó disparos al aire y en otros videos los manifestantes denunciaron que la policía había acordonado la Plaza San Martín, impidiendo que ellos puedan regresar a sus casas.
El sábado 16 se realizó la segunda marcha nacional, nuevamente miles de ciudadanos recorrieron las calles, aquel día la represión policial fue mayor, decenas de manifestantes resultaron heridos y dos jóvenes perdieron la vida. La primera víctima mortal fue Jack Bryan Pintado Sánchez de 22 años, quien recibió diez impactos de perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax; mientras que Inti Sotelo de 24 años fue impactado por cuatro perdigones de plomo, uno de ellos a la altura del corazón. La muerte de ambos jóvenes y la crítica a la represión policial, lograron la renuncia de Manuel Merino.
En un principio, el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, negó el uso de perdigones por parte de los policías, así como la presencia de agentes del Grupo Terna, lo cual quedó desmentido por los videos difundidos por las personas que presenciaron los hechos. Por otro lado, los familiares de los fallecidos comenzaron a recolectar pruebas que permitan que se investigue y denuncie a los responsables de las muertes, por esa razón solicitaban videos o fotos de las manifestaciones, en las cuales aparezcan los difuntos.
Es entonces que, el registro audiovisual por parte de los ciudadanos no solo permitió seguir lo que estaba sucediendo en las manifestaciones, sino que también desmintió algunas afirmaciones de autoridades oficiales y están sirviendo de pruebas para poder reconstruir los hechos que provocaron la muerte de los dos jóvenes.