Ha pasado ya más de un mes desde aquella tarde en que el expresidente Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso y Manuel Merino asumió la Presidencia de la República por un muy corto tiempo. Este hecho fue considerado por muchos como un golpe de Estado, lo que desencadenó que centenares de personas salieran a marchar en contra de esta decisión tomada por el Legislativo.
Luego de una serie de represiones policiales, muchos manifestantes resultaron heridos y, lamentablemente, dos jóvenes fallecieron. Inti Sotelo y Brian Pintado eran dos muchachos que, en medio de las protestas, fueron atacados con perdigones. Pese a la negativa por parte de las autoridades sobre el uso de estas armas durante las marchas, múltiples imágenes desmintieron aquellas declaraciones.
Por estos hechos, Manuel Merino y otros funcionarios son investigados por presunto homicidio doloso. El martes 22 de noviembre, el Despacho Presidencial declaró procedente una solicitud de Merino para contar con defensa y patrocinio legal en las investigaciones en su contra a cargo de la Fiscalía de la Nación. Dicha solicitud fue presentada el pasado 4 de diciembre y evaluada por el área de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.
Roberto Benavides, especialista en contrataciones con el Estado, señaló que la ley estipula que los servidores públicos tienen derecho a contar con defensa y asesoría legal pagada por el Estado. En una entrevista para El Comercio, afirmó que cualquier funcionario «no devuelve el dinero que está pagando el Estado siempre y cuando quede libre de polvo y paja; es decir, que la sentencia sea absolutoria. Pero si la sentencia es condenatoria, todo lo que el Estado ha invertido en su defensa lo tiene que devolver”.
Gracias a esta ley, Manuel Merino puede contar con defensa legal pagada por el Estado, además de la facultad de poder elegir al abogado que asumirá su defensa, sin importar el precio de mercado que este tenga.
