Una mañana más de trabajo, una más en que los rezos, recuerdo que alimenta a los muertos, le dará unas monedas a Alfredo Sáenz. Este, hombre de edad avanzada, natural de Cajamarca, avanza hacia la cima de la loma en que se encuentra el cementerio Próceres 19 de julio. Es el 29 de diciembre del año 2018.
-Policías estaban en la puerta, a nadie dejaron pasar ese día, joven.
-¿Y luego lo destruyeron [al Mausoleo Senderista]?
-Sí, tempranito llegaron con el tractor y lo botaron todo.
Desde el mismo lugar de los hechos, el reportero de RPP Noticias, cámara en mano apuntando a su rostro, relata los últimos acontecimientos, mientras se ve la maquinaria y la gran cantidad de efectivos policiales que lo rodean: «Nos encontramos en el distrito de Comas, para ser más específicos, en lo más alto del cementerio Próceres 19 de julio, donde precisamente hasta este momento se encontraba ubicado el Mausoleo Senderista. Este lugar en el cual rendían culto a sus muertos, a los cuerpos de terroristas fallecidos en la masacre de El Frontón. Como bien recordamos este Mausoleo había generado una gran indignación y una gran polémica, debido a que se encontraba rindiendo homenaje y apología sobre todo con un tema tan sensible, como lo es el terrorismo en nuestro país», sentenciaba el joven reportero, y posteriormente pasaba a explicar el tema a su manera.
En ese momento, tal vez cruzándose con Alfredo Sáenz, a la entrada del cementerio, Alicia Huamaní pugnaba por entrar. Les decía a los policías que era familiar de quien iba a ser retirado de la construcción que iban a destruir.
Es posible imaginar algún grito, quizás un empujón y esa pared de escudos que siempre repelen a las manifestaciones. Dentro, en un acto, rápidamente, los ocho cuerpos fueron sacados del Mausoleo, reubicados en otros sitios y el lugar, las cincuenta tumbas, reducidas a pedazos de concreto, los mismos que el 1 de noviembre se adornan con aquella corona…
Nery Chávez está por terminar, vienen a colación los cuerpos prometidos por el Estado. Ella refiere que en las negociaciones con la Fiscalía, posterior a la entrega de los 7 cuerpos el 5 de agosto, aseguraban que luego les serían entregados 35 restos mortales, pertenecientes a los demas deudos de El Frontón. Esa es la razón, nos dice, por la cual se mandó a construir el Mausoleo con cincuenta tumbas.
Posterior a ello, con la lucidez y facilidad de palabra que la caracterizan y haciendo el ademán de estar contando un secreto, refiere que cada año, desde 1986, los familiares iban al muelle del Callao que está al frente del Frontón a rendir tributo a su manera a sus muertos, que se subían a balsas como antaño, pero esta vez a lanzar flores y lágrimas al océano.
-“En el mar treinta años hemos ido. Todos los familiares cada año. Todos los 19 de junio hemos ido. Y dígame, ¿ahí han dicho algo? ¿han hecho algún problema? […] ¿Por qué ayer 30 años lo han permitido y luego no lo han permitido cuando se ha hecho en tierra? ¿cuál es la diferencia? Si lo que quieren los familiares es tener un lugar donde velar, donde rendir su tributo, donde expresar su dolor, dónde ponerle una velita. ¿No es así lo que se acostumbra?”
Nery es una mujer que recuerda, que mira y aún posee esa ansia de responder, de ir más allá del acto de la palabra, e intenta, con una oratoria clara, de explicarnos un drama del que aún estamos haciéndonos una idea. Antes de despedirse, nos lee con su voz potente una carta incompleta que dejó su hermana hoy difunta:
-“Pido que se acuse y juzgue al expresidente Alan García Pérez por haber participado del asesinato de mi hijo Peter Cruz Chávez en calidad de rendido y de 250 presos más en las masacres de Lurigancho, El Frontón y el Callao el 18 de junio de 1986”.
La plaza en que se encuentra la municipalidad de Comas tiene un monumento en medio: una especie de obelisco dedicado los “mártires de Lucanamarca”, en alusión a las 69 personas asesinadas por Sendero Luminoso en 1983. Al llegar a esta, en la puerta, una mujer se dirige al que cuida la puerta, extrañamente lo llama “compañero, camarada”, y luego pasa riendo. Uno piensa en que estos rasgos, los gestos, los monumentos, llevan siempre a un tema del que no se habla mucho, pero que permanece presente en el aire: la época del terror. Uno busca algunas respuestas: ¿cuál es la postura municipal?, ¿fue genuino aquel afán por cumplir las leyes?, ¿se justificaba la demolición del conjunto de tumbas?, ¿se actuó, de verdad, humanamente en este caso?
Nadie quiere conversar, las respuestas van desde un “eso ya pasó, acá no le van a decir nada”, hasta un “vaya a la biblioteca nacional, ahí están los periódicos, revise ahí, ya todo está publicado”. Contestaciones que poco aportan a esta primera aproximación. Sin embargo, alguien dice: “mejor vaya al anexo N°1, en el paradero 41, ahí está la oficina de cementerios, ahí que le expliquen”. Una pista, al menos. En esa oficina me encuentro con una señora de lentes, cabellos canos y gesto serio, detrás de un pupitre, frente a una computadora, quien me dice:
-No le puedo atender así nomás. Si usted fuera familiar es otra cosa, pero como usted es estudiante debe pedir acceso a la información. Presenta una solicitud simple en mesa de partes, gerencia me autoriza a mí y ahí podemos conversar, si es posible hoy.
Pierdo casi dos horas en ir de mesa de partes a la subgerencia de tal y cual asunto. Finalmente logró convencer a la señora, encargada de registrar los pagos y de agilizar los trámites de entierro no solo en el cementerio Próceres 19 de Julio sino en los otros dos que existen en Comas. Me explica que en primer lugar, existe una ley de cementerios, que los entierros deben cumplir con lo que allí se dicta. Luego me dice que hay una ordenanza municipal, la 366. Disfrazó las primeras preguntas de ingenuidad, y voy por las ramas. Consigo saber que algunos de los requisitos para ser enterrado en cualquiera de los tres cementerios son el acta de defunción certificada y el pago de 200 soles si el entierro es bajo tierra y de 200 más si es en nicho.
¿Y para tener un mausoleo?, le preguntó. Me dice que se necesitan ciertas cosas. Primero, la solicitud al alcalde; segundo, los planos de la estructura y la distribución de los nichos certificados por un profesional; tercero, el DNI del solicitante; cuarto, la relación de los beneficiarios (los muertos); y quinto, el pago del derecho, que incluye una inspección técnica y que es de tres mil soles. ¿Y qué pasó con el que destruyeron?, le digo, yendo al tema. Me dice que esos nichos fueron construidos por los familiares, que no cumplieron con las especificaciones y que, en todo caso, estuvieron ahí por orden de la Fiscalía. Luego me dice: “pero ese no fue el problema de fondo, el problema de fondo era que ahí anualmente hacían sus reuniones y manifestaciones, ese fue el detonante, porque si hablamos de mausoleos que cumplen sus requisitos, casi la mayoría de los cementerios que tienen mausoleos no han cumplido con la formalización de su estructura, (…) ni siquiera eso que demolieron, ni siquiera los que hay en pie han cumplido con esa formalidad, por desconocimiento…».
“El problema de fondo era que (…) hacían sus reuniones y manifestaciones”, resuena en mi cabeza, y recuerdo las palabras del rezador, de don Alfredo, cuando me dijo prácticamente lo mismo: “es que hicieron escándalo, joven, si calladitos hubieran traído a sus muertos, nadie hubiera dicho nada, mucho escándalo hacían”. Hacia el final de la breve entrevista con la funcionaria, ella me explica que una cosa es la norma y otra la realidad. Que en cementerios como el Próceres 19 de Julio, se está luchando por la formalización de las tumbas. Que no se sabe ni siquiera cuántos mausoleos hay en pie y finalmente me expresa que desde su punto de vista, esto ha sido por la presión mediática, que no se cumplió incluso con la constitución y que así son las cosas. Nada más.
La legalidad. Ese tema, el que fue finalmente el motivo por el cual el Mausoleo fue derribado, se tambalea con lo que se ve en la realidad. ¿Dónde más se aplica la ley?, ¿cuántas de las miles de tumbas en los cementerios, de los mausoleos, requieren ser, si nos ponemos estrictos, formalizadas o derribados?, ¿cómo es que hemos terminado aquí, sobre los escombros?
Alberto de Belaunde, orgulloso de su autoría para la modificación de la Ley de Cementerios, menciona en una entrevista con Wayka que “esta no es una ley con nombre propio” y que “Tenemos que acostumbrarnos a cumplir las normas”. Asimismo, el excongresista dice que esta ley ayudará a la regulación de otros mausoleos construidos ilegalmente. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿era en realidad la finalidad de la modificación de la ley?, ¿solo se buscaba tener una mejor manera en que la municipalidad administre sus cementerios?, ¿era necesario darle esa potestad de demoler una construcción para que haya una mejor regulación? Si es así, ¿por qué solo se aplicó en el mausoleo edificado por los familiares de las víctimas de la matanza de los penales?, ¿por qué solo algunos “tenemos que acostumbrarnos a cumplir las normas”?, ¿por qué?
“¿Por qué?” es lo que debemos preguntarnos para seguir con este oficio, que, a veces llega a ser tan cruel como la vida misma, pues el precio de contar esta historia es llevar la carga para siempre. Cuestionarse muchas cosas: ¿qué es una víctima?, ¿quién tiene el poder de decidir?, ¿cómo tratar con quienes exigen justicia, herederos de una cuota, cierta o falsa, justa o injustamente, de terror? Pienso en que el periodismo, si en algo vale, es para plantear las preguntas necesarias y nada más. Nada de respuestas, solo hechos, solo imágenes para quien quiera ver.