Pescadores artesanales de la Bahía de Chancay afirman que la destrucción de este lugar biodiverso afectará gravemente la alimentación de las familias y comunidad
El Megapuerto de Chancay, la conexión comercial más importante en Sudamérica con China, ha causado más de una preocupación a la comunidad de Chancay debido a su negativo impacto ambiental. Esta megaobra, que cuenta con 800 hectáreas en terrenos contiguos, alcanza los US$3 mil millones de dólares. La construcción del proyecto portuario está cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports y de la minera Volcan. Al ser el primer puerto controlado por capitales chinos en toda América Latina, se preveé que para el 2024 el Megapuerto consolide aún más la influencia de China sobre esta parte del mundo.
Sin embargo, este beneficio no es percibido como tal para miles de vecinos del distrito de Chancay. Organizaciones como el Frente de Defensa de Chancay y el Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa-Chancay han denunciado ante el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo (Senace) una serie de observaciones en relación a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). Estos colectivos ciudadanos argumentan que el Megapuerto cuenta con 89 observaciones en su Estudio de Impacto Ambiental de la etapa 1 del proyecto.
Los vecinos organizados de la zona afirman que el proyecto portuario alteraría considerablemente la dinámica económica de la zona, pues hoy en día es una valiosa fuerza de trabajo dedicada al agro y, sobre todo, a la pesca. Pero no solo eso. Denuncian, además, que la obra está dentro de la zona urbana de Chancay y que, por tanto, las detonaciones y perforados para adecuar la bahía al Megapuerto han ocasionado varios daños a las viviendas circundantes.
Según Gonzalo Torrico, el Estado peruano debe trabajar mucho más en la exigencia de mayores estándares ambientales, empezando por asegurar la inclusión de un capítulo ambiental en las actuales renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con China. El Senace, pese a recurrentes plantones, ha aprobado el MEIA de este proyecto. Esto deja nuevamente un mal precedente en materia de conflictos sociales, como es el caso de los originados en zonas mineras, como Morococha o Las Bambas.
