Los escándalos de corrupción de las autoridades en el Perú han degradado gravemente nuestro sistema político. Tres presidentes en los últimos cuatro años ponen en manifiesto un severo problema del aparato político de nuestro país.
El pasado 9 de noviembre un hecho marcó el inicio de una nueva crisis: la vacancia de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Como consecuencia, se afectaron las condiciones sociales, que ya se encontraban inestables debido a la crisis que atraviesa el país por la COVID-19.
Los temores ante la inminente crisis política, crecieron el 10 de noviembre con el ascenso de Manuel Merino a la presidencia de la República. Este hecho que fue tomado como un golpe de estado por muchos, desencadenó en masivas protestas en las calles de todo el país, rechazando principalmente la ilegitimidad del nuevo mandatario. La segunda marcha nacional, conocida como el 14N ha pasado hoy a ser considerada una de las más grandes manifestaciones de la historia peruana. En esta marcha, la represión policial fue sumamente más intensa y violenta, lo que provocó la muerte directa de dos jóvenes: Jack Pintado e Inti Sotelo. También resultaron varios heridos y algunos desaparecidos. Los hechos, sumados a la renuncia de varios de sus ministros, la enorme presión social y la repentina participación de los medios de comunicaión, llevaron a la renuncia inmediata de Manuel Merino.
Fue una semana de mucha agitación social y con un panorama desalentador. Sin embargo, el escenario fue mucho más desolador cuando el Tribunal Constitucional hizo su pronunciamiento. Al contrario de lo que muchas personas esperaban que resolviese respecto a la causal de vacancia por incapacidad moral, este organismo produjo más incertidumbre. Dejando claro que cualquier futuro presidente está expuesto a una vacancia por incapacidad moral.
