Entrevista a Cronwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez. El universitario desapareció hace 30 años. Cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron sentenciados por este delito. Hoy todos ellos están en libertad y a Ernesto nunca lo encontraron.

Cromwell Castillo es padre de Ernesto Castillo, quien fue estudiante de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), desaparecido el 21 de octubre de 1990 por algunos efectivos de la Policía Nacional del Perú.

La desaparición de su hijo Ernesto se produjo hace 30 años. A raíz de ello, Castillo, así como muchos de los familiares de víctimas desaparecidas, se involucra en movimientos contra la impunidad en casos de desapariciones forzosas.

«Pertenezco a la organización Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) que no tiene ningún apoyo financiero de alguna institución extranjera. No es una ONG, sino una reunión de un grupo de personas que voluntariamente quieren dedicar su tiempo a luchar contra la impunidad».

El proceso de búsqueda de apoyo ante la lucha que emprendió por lograr justicia para su hijo Ernesto; cómo logró que su voz sea escuchada y de qué manera consiguió que su caso llegue a ser tan conocido como el de muchos otros desaparecidos por el gobierno fujimorista o por grupos paramilitares.

“Nosotros a lo largo de este periodo hemos estado actuando principalmente en las áreas universitarias”, afirma. Y si bien en un inicio no recibieron la atención que la situación ameritaba, gracias a su persistencia, ahora pueden decir que existe una reacción positiva y un mayor interés, por parte de los jóvenes, en saber la verdad».

Explica, también, cómo fue la lucha que inició desde el momento en que se enteró de la desaparición de su hijo; de igual modo, detalla sobre los, hasta ese entonces, posibles responsables, puesto que no le revelaban el paradero de su hijo y, peor aún, negaban su detención.

«Ha sido una lucha pertinaz desde un principio. Tal es así que a los 4 días de haber asistido y solicitado a todas las instancias policiales que en ese momento detenían y desaparecían a los jóvenes, no obtuvimos ninguna respuesta por parte de ellos».

«Hay muchos casos como el caso emblemático de los estudiantes de la Cantuta, cuyos familiares, debido a la persistencia y al apoyo interno y externo, lograron que el principal responsable esté actualmente preso, cumpliendo una condena no menor a 25 años, por ser el autor mediato de estos crímenes».

Las constantes negativas y la indiferencia de algunas autoridades no quebraron el espíritu de lucha que la familia de Ernesto tenía. “Todos los puestos policiales se negaron a admitir que lo habían detenido, lo cual era mentira. Ellos estaban encubriendo a esa institución por ordenes superiores, porque en ese tiempo esa era la política adoptada del momento”, señala Castillo.

Respecto a la función como estudiante de su hijo y de muchos estudiantes de hoy en día, menciona lo siguiente: “Ernesto era estudiante de Sociología, iba a estos lugares que todos nosotros conocemos. Nosotros no somos un país rico, somos un país pobre, donde la gente que viene de provincia formaron todos estos nuevos distritos”. 

Ernesto se dirigía a estos lugares con propósitos académicos. Sin embargo, la constatación de la realidad profundizó su conciencia social y agudizó su indignación. “¿Qué puede decir un estudiante a quien la realidad le revela que somos un país infinitamente pobre y que la gente sufre mucho?”, se cuestiona el señor Castillo. Asimismo, nos alienta: “así como ustedes en este momento seguramente también podrán descubrir esa realidad, y eso los impulsa a hacer algo, a escribir, a denunciar”.

La desaparición y el proceso de búsqueda

“El día 21 de octubre, en la mañana, se fue como siempre, se despidió de nosotros y dijo que iba a regresar a las cuatro o cinco de la tarde porque ese día era precisamente el cumpleaños de su hermana”, recuerda el señor Cromwell Castillo. Sin embargo, la familia de Ernesto nunca más lo volvería a ver.

Ese fatídico día, Ernesto se encontraba realizando un estudio de campo relacionado con su carrera, cuando efectivos policiales lo interceptaron. “Los policías le quitaron los lentes, lo pusieron contra el carro y como no le encontraron nada (…)  lo metieron en la maletera del carro y de ahí se han ido”, relata el señor Castillo. Los padres de Ernesto no pudieron comprobar que se trataba de un secuestro sino hasta las ocho de la noche cuando la llamada de una amiga, quien no quiso identificarse, les comunicó que Ernesto había sido detenido por la policía al mediodía en Villa El Salvador.

Castillo y su esposa se movilizaron hacia el distrito y consiguieron a los testigos de la detención de su hijo, lo cual, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación(CVR), le permitió a la jueza Minaya declarar fundado el hábeas corpus que ordenaba la liberación de Ernesto. No obstante, el gobierno por medio de los vocales supremos se encargó de declarar improcedente el hábeas corpus. Por ello, se presentó una acusación constitucional contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema por el delito de prevaricato. 

«Eso fue más o menos en febrero del 92, pero entra en receso, y cuando ya le tocaba viene el golpe de estado del 92 y ahí desaparecen todo. Y esa comisión no siguió funcionando nunca más. O sea, el golpe de estado del 92 puso fin a esa comisión investigadora y los cuatro jueces y ese informe… porque esa comisión tenía que someter eso al pleno del congreso. Pero eso no se llevó a cabo porque vino el golpe de estado y ahí muere todo. Y cuando fueron a recuperar los documentos de la denuncia, todo eso había desaparecido».

Una justicia incompleta

Ya con la ley de amnistía derogada, se logra encarcelar al oficial Mejía León y a tres sub-oficiales. El primero debía cumplir una condena de 16 años, mientras que los tres sub-oficiales, una de 15 años. “Y todos están libres ahora porque después les han dado el beneficio de semilibertad, cuando han cumplido cinco años nomás; de los quince años, cinco o seis años nomas han cumplido en la cárcel”, afirma indignado el señor Castillo.

«Mira, la libertad condicional de esos tres, para mí, fue descubierta por un acto fortuito. Porque la solicitud de beneficio penitenciario es entre el sentenciado y el Poder Judicial. Pero no está claro, según mis abogados, que también puedan solicitar la presencia de los familiares o informar a los familiares. Nada de esto nos informaron a nosotros, ni al abogado defensor, ni a la parte civil».

En el 2015, Mejía León obtiene la libertad condicional. Una decisión muy cuestionada debido a que el juez Ángel Mendivil, quien le otorga la semilibertad, ha demostrado ya ciertas irregularidades en otros casos. Cromwell Castillo expresa su indignación comentándonos sobre el verdadero Mejía León:

Según las fuentes internas, ese mismo día lo torturan en su cuartel (a Ernesto) y ese mismo día, después de que estaba torturado y moribundo, lo quiso entregar a una delegación policial y ninguno lo quiso recibir; entonces optó por asesinarlo. Dicen que lo han asesinado con un tiro en la cabeza. Esa es una versión extraoficial que hay. Y ahora sí la puedo decir porque es bueno que eso se sepa y que lo sepan esos jueces que lo han liberado a Mejía León.

A 30 años de ese 21 de octubre.

Respecto al tratamiento de la desaparición de Ernesto, el señor Castillo afirma lo siguiente sobre los gobiernos: “Todos estos gobiernos se lavan las manos diciendo que sí, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo lo otro, puro papeleo, pero los restos hasta ahora no aparecen”.

Asimismo, concluye:

«Ernesto está muerto desde el mismo día en que lo detuvieron».

Autores:

Cristina Alvarado

Shirley Ramos

Andreé Arana