La experiencia accidentada de Ollanta Humala durante su mandato presidencial: Un traspié en el gobierno.

Una revisión de los acontecimientos que definieron su periodo como presidente gubernamental

El gobierno de Ollanta Humala Taso es recordado por los conflictos entre el Poder Ejecutivo y la población peruana junto a los diversos escándalos de corrupción que surgieron. No obstante, el exmandatario también realizó obras que perduran hasta la actualidad. Por ello, repasamos algunos de los hechos más importantes que ocurrieron en su etapa presidencial.

Después de la segunda vuelta de las elecciones en 2011, Ollanta Humala, como candidato del Partido Nacionalista Peruano (PNP), logró derrotar a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y se convirtió en el presidente de Perú. Inició su mandato con un nivel de aprobación del 55% por parte del pueblo peruano. Sin embargo, apenas unos meses después, surgieron los primeros obstáculos en su gobierno.

En ese mismo año, el expresidente implementó el programa Beca 18, cuyo objetivo era brindar financiamiento para estudios universitarios de pregrado en el país y en el extranjero a estudiantes destacados. Por otro lado, surgió el conflicto minero conocido como Conga, un proyecto de explotación minera de Yanacocha, ubicada en las provincias de Cajamarca y Celendín.

Las protestas surgieron debido a la preocupación por la contaminación de las lagunas y ríos cercanos al proyecto minero, causada por los residuos generados por la actividad minera. Estas protestas resultaron en la pérdida de vidas y obligaron a suspender las operaciones mineras, lo que a su vez condujo a la renuncia del entonces primer ministro Salomón Lerner.

Un año más tarde, en abril, se produjo un incidente en el que un grupo de narcoterroristas afiliados a Sendero Luminoso secuestró a 36 trabajadores de Camisea durante un período de cinco días. El secuestro tuvo lugar en el distrito de Kepashiato, en Echarate, Cusco, donde los mantuvieron en calidad de rehenes.

Tanto Humala como el ex primer ministro, Oscar Valdés, afirmaron que nunca cedieron a los chantajes de los secuestradores. Sin embargo, algunas dudas surgieron debido a que varios periodistas cuestionaron sus declaraciones, ya que en casos anteriores, la empresa Camisea había accedido a las demandas económicas de terroristas en situaciones similares.

En 2013, el expresidente promulgó la Ley de Servicio Civil, la cual se basaba en los principios de meritocracia para los empleados del sector público. Esta ley establecía los derechos y deberes de los servidores del Estado, así como regulaciones para los regímenes disciplinarios, capacitaciones, evaluaciones, compensaciones y otros aspectos relacionados.

De acuerdo con la licenciada en derecho Yvon Salvatierra, la Ley de Servicio Civil actualmente vulnera los derechos de los servidores públicos, impactando negativamente en los derechos constitucionales relacionados con la negociación colectiva.

No obstante, en la sociedad se intensificaron los conflictos debido a la solicitud de indulto humanitario presentada para el expresidente Alberto Fujimori. A pesar de los argumentos planteados por algunos congresistas, la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó no concederlo, por lo que Humala decidió no otorgar la libertad al exmandatario.

En 2014, inauguró el proyecto Olmos en Lambayeque. Este proyecto tenía como objetivo irrigar aproximadamente 40.000 hectáreas de tierras áridas mediante la captación, regulación y trasvase de las aguas de la vertiente del océano Atlántico al océano Pacífico. Para lograrlo, se llevaron a cabo obras de derivación, embalse y distribución de agua, las cuales también generarían energía.

Por otra parte, se descubrieron los vínculos entre el asesor de Humala, Martín Belaunde Lossio, y el Palacio de Gobierno. Lossio ideó una serie de contratos para canalizar dinero hacia la ex primera dama, Nadine Heredia. Se demostró que mantuvieron contacto hasta finales de 2011, implicando presuntos delitos relacionados con lavado de activos.

Además, a finales de ese año, el Congreso aprobó la Ley de régimen laboral juvenil, popularmente conocida como la Ley Pulpín. Esta ley otorgaba beneficios tributarios a las empresas que contrataban a jóvenes entre 18 y 24 años, lo que resultaba en una reducción de los costos laborales pero implicaba la eliminación de algunos beneficios para los trabajadores.

La aprobación de dicha ley desencadenó múltiples protestas en el centro de la capital, que posteriormente se extendieron a otros distritos como Miraflores, Lince y San Isidro. Estas manifestaciones contaron con la participación de al menos cuatro mil personas, resultando en seis heridos y 23 detenidos.

A pesar de las críticas, el expresidente argumentaba que la ley ayudaría a combatir la informalidad laboral entre los jóvenes. Sin embargo, debido a las intensas concentraciones y protestas, el Congreso terminó derogándola tan solo un mes después de su aprobación.

Al termino su mandato, se constató que hubo un crecimiento económico del 2.8% y se estima que alrededor de 300,000 peruanos lograron salir de la pobreza.

No obstante, debido a los casos de corrupción y las promesas incumplidas como la suspensión de la erradicación compulsiva de la coca, la reducción del precio del gas y la extracción minera sin afectar el medio ambiente, Humala terminó su mandato con un respaldo del 14% por parte del pueblo peruano, disminuyendo un 41% en comparación con el inicio del mandato.