En los últimos meses, las protestas en contra de la mala gestión que realizan las entidades gubernamentales del Perú han desembocado en caos y abusos de autoridad por parte de la policía, los cuales han provocado cientos de heridos y varios muertos.
El derecho a la protesta es uno de los pilares que conforman la sociedad, pues de esa manera el gobierno se entera de los reclamos y necesidades de la población. Si es que alguna ley o acción por parte de los poderes del Estado perjudica al ciudadano, este está en todo su derecho de protestar según el artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú y respaldado por el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La policía no tiene por que reprimir y acudir a la violencia, resulta irónico que la misma entidad que protegió a principios de año a la ciudadanía del brote de la pandemia, sean los mismos que hoy atacan con bombas lacrimógenas, perdigones, y hasta incluso proyectiles de metal. Si bien es cierto que la protesta llega a momentos en los cuales deja de ser totalmente pacífica, no es excusa para que la entidad que supuestamente vela por la seguridad del ciudadano empiece a violentar en contra de la vida de todos los presentes, sin medir sus acciones ni acudir a reparos.
Marchas Nacionales
La crisis política que se acrecentó con la llegada de la COVID-19 tomó su punto más álgido cuando, después de varios intentos, el congreso lograr vacar al expresidente Martín Vizcarra por actos de corrupción. Ese mismo día, 09 de noviembre, empezó a reunirse un considerable grupo de personas en la Plaza San Martín, y uno de los hechos sobresalientes fue el golpe que propinó el joven Carlos Ezeta al congresista Ricardo Burga. Al día siguiente, la juramentación de Manuel Merino marcó otro punto de quiebre para que la ciudadanía en diferentes partes del país muestre su descontento ante el sistema político que venía sofocando al Perú. Los policías no tardaron en reprimir una marcha pacífica a la luz del día, y lo mismo sucedió el 11 de noviembre.
El 12 de noviembre se realizó la I Marcha Nacional y la sede principal siguió siendo la Plaza San Martín, las pancartas tenían mensajes claros y creativos que demostraban su descontento con el sistema legislativo y con el mismo Manuel Merino. La Policía Nacional del Perú esperó a que las personas estén reunidas y a altas horas de la noche lanzaron de forma indiscriminada bombas lacrimógenas, perdigones y hasta se notaba la presencia de agentes terna infiltrados con armas de fuego.
El 14 de noviembre fue la II Marcha Nacional en donde se especula fue la más grande de toda la historia peruana. La represión empezó igualmente en la noche, el servicio de internet móvil falló en varios puntos estratégicos y se registraron varios heridos, tanto manifestantes como periodistas de cadenas nacionales e internacionales. Las imágenes que se difundían por redes sociales eran aterradoras. A altas horas de la noche se confirmó el primer fallecido: Jack Bryan Pintado y al día siguiente, 15 de noviembre, se confirmó el segundo: Jordan Inti Sotelo. Horas después, Manuel Merino renunció y las movilizaciones siguieron en pie, esta vez por justicia a los asesinados y por encontrar a decenas de desaparecidos en las movilizaciones.
La III Marcha Nacional se llevó a cabo el 17 de noviembre en honor a la memoria de los fallecidos y con esperanza por la juramentación del nuevo presidente Francisco Sagasti.
Paro agrario
Un par de semanas después estalló en Ica una serie de protestas por parte de agricultores que denunciaron ser víctimas de maltratos y pésimas condiciones laborales. Los manifestantes querían que se derogue la ley Chlimper y que en su reemplazo formulen una nueva ley que los beneficie.
La primera fase de protestas empezó el 30 de noviembre en Ica, los agricultores bloquearon la Panamericana Sur y el ingreso a algunas oficinas de empresas agroexportadoras. En la manifestación no solo estaban los agricultores sino también personas que no tenían nada que ver con la protesta, los mismos agricultores denunciaron que esas personas atacaron la propiedad pública y privada, sustrajeron bienes y productos agrícolas. Sin embargo, los policías reprimieron indiscriminadamente a todos los agricultores presentes. El paro se prolongó a distintas partes del país, como Apurímac, Junín, Piura y La Libertad, en este último los medios reportaron un fallecido producto de un disparo en la cabeza, Jorge Muñoz de 20 años, que estaba en el grupo de empleados del sector de la agroexportación. Luego que se difundiera los videos de la muerte del joven, el presidente Sagasti alegó que se investigará lo sucedido y que condenará cualquier acto de violencia. Posteriormente se dio a conocer el fallecimiento de otro joven en un accidente vehicular, el cual murió al no recibir el auxilio de la ambulancia por tener las carreteras bloqueadas.
La segunda fase de protestas se dio luego de que el congreso de la República no aprobara la nueva ley agraria. En Ica se volvió a cerrar la Panamericana Sur; y en La Libertad, la Panamericana Norte. En esta fase de las protestas se acrecentó la violencia y con ello el enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y los agricultores, los policías utilizaron gases lacrimógenos y perdigones para intentar dispersar a los manifestantes que solo reclamaban mejores condiciones laborales.
El 29 de diciembre se aprobó una nueva ley agraria, pero que no aumentaba el sueldo de los agricultores, solo confirmaba se cumpliría el mínimo para los trabajadores formales. La disconformidad de los agricultores se vio evidenciada el mismo día con un violento enfrentamiento con la PNP y posteriormente con el deceso de dos ciudadanos por disparos de los efectivos del orden. El primer fallecido fue un menor de 16 años que transitaba por el lugar junto a sus familiares y que no participó en la manifestación, y el segundo fallecido fue Reynaldo Reyes quién también recibió un disparo y fue trasladado desde el centro de salud Puente Chao hasta el hospital de Trujillo donde perdió la vida.
